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El Reglamento (UE) 2023/1115 prohíbe vender en la Unión Europea café, cacao, soja, aceite de palma, ganado, madera y caucho producidos en tierra deforestada después del 31 de diciembre de 2020 [1]. Quien los pone en el mercado tiene que declarar que cumple, y esa declaración no se firma: se sostiene con evidencia.
Ese conjunto de evidencia es la diligencia debida. Este artículo explica qué la compone, en qué orden se construye y qué parte de ella se resuelve con datos geoespaciales.
No es una auditoría ni una certificación. Es un procedimiento propio del operador, con tres pasos encadenados que el reglamento describe de forma explícita.
Recopilar información sobre el producto y su origen, incluida la geolocalización de cada parcela de producción.
Evaluar el riesgo de que ese producto proceda de tierra deforestada tras la fecha de corte o de una producción ilegal en el país de origen.
Mitigar el riesgo cuando la evaluación no permita concluir que es nulo o despreciable.
La consecuencia práctica es que no basta con tener papeles: hay que poder explicar por qué esos papeles permiten concluir lo que se concluye. Y si no lo permiten, el reglamento obliga a no vender.
El calendario se ha movido dos veces, y conviene tenerlo claro porque condiciona cuándo hay que tener el expediente listo.
| Tipo de operador | Fecha de aplicación |
|---|---|
| Medianas y grandes empresas | 30 de diciembre de 2026 |
| Microempresas y pequeñas empresas | 30 de junio de 2027 |
Esas fechas vienen del Reglamento (UE) 2025/2650, de 19 de diciembre de 2025, que aplazó doce meses la aplicación del reglamento original y dio seis meses adicionales a los operadores más pequeños [2]. La Comisión mantiene al día la guía operativa y el sistema de declaración [5].
Lo que no se movió es la fecha de corte: sigue siendo el 31 de diciembre de 2020. Es decir, la prórroga da más tiempo para preparar el expediente, pero no cambia nada de lo que hay que probar sobre el terreno. El trabajo de reconstruir qué había en cada parcela antes de 2021 es exactamente el mismo.
El primer paso es de inventario, y es donde se pierde más tiempo del previsto.
Hay que documentar la materia prima y el producto, la cantidad, el país de producción y la geolocalización de todas las parcelas donde se produjo, con fecha o intervalo de producción. A eso se suman los datos del proveedor y la información que permita comprobar que la producción fue legal según la legislación del país de origen.
La geolocalización es la pieza que más trabajo da, porque no es un dato administrativo sino una geometría: coordenadas con seis decimales y polígono completo para parcelas de más de 4 hectáreas. Cómo se levanta bien está en punto o polígono por parcela.
Un matiz que se subestima: la información tiene que poder ligarse al lote concreto que se vende. Un archivo de polígonos de la cooperativa no sirve si nadie puede decir qué parcelas entraron en el contenedor que sale el mes que viene.
Aquí es donde la evidencia se convierte en conclusión. El reglamento enumera criterios, y dos pesan por encima del resto.
El riesgo del país o de la región. La Comisión publicó en mayo de 2025 la clasificación oficial [3]. Solo cuatro países quedaron en riesgo alto —Bielorrusia, Rusia, Myanmar y Corea del Norte—; una lista amplia quedó en riesgo bajo, con procedimiento simplificado; y todo lo que no figura en ninguna de las dos listas es riesgo estándar.
Eso incluye a México, Colombia, Perú, Guatemala y Honduras. Costa Rica, en cambio, sí está en la lista de riesgo bajo. Para un exportador mexicano de café la lectura es directa: riesgo estándar significa diligencia debida completa, sin atajos.
La evidencia sobre la propia parcela. Es la que decide. Consiste en comprobar, sobre cada geometría, qué cubierta había antes del 31 de diciembre de 2020 y qué hay después, con fuentes independientes entre sí. El procedimiento está desarrollado en cómo demostrar que una parcela está libre de deforestación.
A estos dos se añaden los que matizan la conclusión: complejidad de la cadena de suministro, presencia de bosque en la zona, riesgo de mezcla con producto de origen desconocido y conflictos de tenencia de la tierra.
Si tras la evaluación el riesgo no es nulo o despreciable, hay dos salidas y ninguna es firmar igualmente.
Conseguir más información. Es lo habitual: pedir imagen de mayor resolución para el periodo dudoso, levantar de nuevo un polígono mal descrito, o recoger un dato de campo que explique lo que la imagen no distingue.
Excluir el lote. Cuando la duda no se resuelve, la parcela o el proveedor quedan fuera de ese envío.
La mitigación tiene que quedar registrada, igual que la evaluación. Un expediente que solo contiene los casos que salieron bien es menos creíble que uno que documenta una anomalía y explica cómo se resolvió.
Tres de los tres pasos tienen un componente de datos, aunque desigual.
En el paso 1 el dato es el entregable: las geometrías. En el paso 2 es la prueba principal, porque el archivo público de imagen óptica llega hasta 2015 con revisita de días y permite mirar hacia atrás sin pagar por escena [4]. En el paso 3 es la herramienta para resolver dudas, con imagen de mayor resolución o con series adicionales.
Qué sensores sirven para cada cosa está en Sentinel-2, radar o imagen comercial.
Conviene decirlo pronto, porque evita expectativas que después cuestan dinero.
La legalidad de la producción. Permisos, tenencia de la tierra, derechos laborales y fiscalidad no se ven desde órbita. Son documentación, y hay que reunirla aparte.
La trazabilidad del lote. Que el grano que sale del puerto venga de esas parcelas y no de otras es un problema de registros de compra y de gestión de acopio, no de imagen.
La clasificación bosque o cultivo. En café y cacao bajo sombra, un dosel alto puede ser bosque o puede ser el propio sistema agroforestal. Ahí el satélite ve la estructura, pero la interpretación necesita conocimiento del sitio.
Lo que el satélite sí resuelve, y resuelve bien, es la pregunta central: qué cubierta había en esa geometría antes y después de la fecha de corte.
Geometrías que no cuadran. Superficies distintas de las declaradas, polígonos solapados entre vecinos o coordenadas en un sistema de referencia equivocado.
Una sola fuente. Un producto global de cambio forestal de 30 m por píxel no ve una tala de media hectárea bajo sombra. Concluir con él solo es frágil.
Anomalías sin explicar. Un cambio en la serie que nadie comenta es peor que uno documentado, porque quien revisa lo encontrará igual.
Falta de fechas. Un informe que no dice de qué día es cada escena no permite reconstruir nada.
Mezcla sin declarar. Parcelas levantadas de formas distintas dentro del mismo lote, sin que el expediente lo diga.
El coste se concentra en dos partidas y ninguna es el análisis.
La primera es conseguir la imagen anterior al corte cuando no hay escena pública utilizable, porque el archivo comercial de muy alta resolución se paga por escena.
La segunda es el volumen de parcelas. El procedimiento es el mismo para una que para trescientas, así que el trabajo por lote baja mucho el coste unitario frente a encargos aislados.
El plazo depende de lo mismo. Un lote de parcelas con geometrías ya levantadas se resuelve en semanas; uno que empieza por levantar los polígonos sobre imagen tarda más, y el trabajo de campo, cuando hace falta, depende de accesos y de temporada.
Un expediente utilizable incluye las geometrías validadas, la tabla de evidencia por parcela con fuente y fecha de cada comprobación, el informe de evaluación de riesgo con su conclusión y el registro de las anomalías con su tratamiento.
Y conviene que incluya un apartado poco habitual: qué queda abierto. Los límites declarados son lo que hace defendible el resto.
Da más tiempo de preparación, pero no cambia lo que hay que probar. La evidencia sobre parcelas dudosas es lo que más tarda en reunirse, y el archivo de imagen anterior a 2021 no mejora con el tiempo.
No la sustituye. Puede formar parte de la información recopilada, pero el reglamento exige geolocalización y evaluación de riesgo propias del operador.
Que no hay procedimiento simplificado: hay que hacer los tres pasos completos, con geolocalización y evaluación de riesgo por parcela [3].
El operador que pone el producto en el mercado europeo. En la práctica, la información se recoge aguas arriba, pero la responsabilidad de la declaración no se traslada.
Buena parte sí. Las geometrías y las series de cubierta se reutilizan en certificaciones de origen y en proyectos de carbono, como se plantea en qué medir antes de certificar créditos de carbono.
La diligencia debida no es un formulario: es un expediente que tiene que resistir que alguien lo lea con atención. Cómo se construye, parcela a parcela, está en el servicio de expediente EUDR.
Fuentes
Imagen de portada: T. R. Shankar Raman, Melia dubia shade tree in coffee estate in the Anamalais (CC BY 4.0), recortada y tratada.
Autor
Ing. Jorge R. Cruz Arias
Ingeniero geofísico. Especialista en programación geoespacial y Python.
Publicado el
Bosque y cultivo
Cuándo basta un punto y cuándo hace falta polígono en la geolocalización EUDR, con cuántos decimales, qué errores rechaza el sistema y cómo se levanta cada parcela.
Bosque y cultivo
Qué evidencia se necesita para demostrar que una parcela no se deforestó después del 31 de diciembre de 2020, con qué fuentes y cómo se resuelven las anomalías.
Bosque y cultivo
Qué fuente satelital sirve para verificar EUDR según el tamaño del cambio a detectar: resolución, revisita, archivo disponible y cuándo hay que pagar por la escena.
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